Cómo puede volver Perú a la gobernabilidad democrática
Armando Jiménez San Vicente, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset
En cuatro horas Pedro Castillo pasó de ser presidente de Perú a presidiario acusado de dar un golpe de Estado al desconocer al Congreso y sus instituciones judiciales. El terremoto político afortunadamente no hundió al país en caos, gracias al consolidado sistema democrático y las sólidas instituciones peruanas. Este sistema ha permitido a Perú sobrellevar recurrentes crisis de inestabilidad política en los últimos seis años.
Las instituciones democráticas y el Estado de derecho peruano salvaron nuevamente la gobernabilidad democrática de un país que desde el 2016 ha quitado a seis de sus presidentes en un contexto de profundas divisones entre el Ejecutivo y los diferentes Congresos, este último caracterizado por la fragmentación y la polarización, lo que ha llevado a la nación andina casi a la ingobernabilidad.
Perú es un país fuertemente golpeado por la corrupción con una sociedad dividida y polarizada ideológicamente y con partidos políticos que miran más los intereses inmediatos de sus liderazgos que construir una visión de Estado a largo plazo. Sin embargo, gracias a las instituciones democráticas el sistema solventó la crisis de un golpe de Estado considerado blando.
Un mensaje presidencial que provocó un terremoto
A las 11:40 horas de la mañana del 7 de diciembre, en un mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo anunciaba la disolución del Congreso nacional, así como la reorganización del sistema judicial y el Tribunal Constitucional, al que había calificado de imparcial y motivado por intereses políticos. El mensaje presidencial provocó un terremoto político que lo llevaría a su fulminante destitución y procesamiento legal.
La desesperada medida del entonces presidente Castillo para evitar su destitución por el Congreso basada en presuntos actos de corrupción lo llevaron a una confrontación directa con el legislativo. Un Congreso muy dividido que se unió por el miedo a perder sus asientos parlamentarios. Un juego de supervivencia que terminó con la remoción del presidente acusado de orquestar un golpe de Estado.
En las calles y en los corredores de gobierno se respiraba miedo por las posibles implicaciones de un estallido social o toma de gobierno por los militares. Algunas dependencias aledañas al Palacio Nacional fueron advertidas de la posibilidad de evacuar al personal si las cosas se complicaban. Sin embargo, las instituciones, y particularmente las Fuerzas Armadas, se mantuvieron leales al sistema democrático y de derecho argumentando que no debían obediencia “al usurpador” que buscaba destituir a los poderes democráticamente electos.
A las 3:20 horas, Dina Boluarte juraba como la primera presidenta de Perú en sus 201 años de historia republicana. La antigua vicepresidenta había prometido renunciar si destituían al presidente Castillo, aunque pudo mas nuevamente el instinto de supervivencia política.
¿Podrá mantenerse Dina Boluarte en el poder?
Para muchos analistas no está claro si la nueva presidenta será capaz de mantenerse en el poder sin un grupo parlamentario que la respalde. Pero seguramente será precisamente el interés de mantener el asiento legislativo el que llevará a los congresistas a mantener una frágil alianza que permita sobrevivir tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
Existe ahora una frágil alianza en un Congreso muy fragmentado y claramente confrontado con un espectro político que va desde partidos marxistas ortodoxos como el de la actual presidenta hasta aquellos de derecha como el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. El Congreso está compuesto por 130 escaños, los cuales han formado 14 diferentes bancadas, con 9 congresistas no agrupados.
La presidenta Boluarte se ha distanciado bastante del partido marxista Perú Libre que la llevó al poder, por lo que probablemente encontrará dificultades para sumar apoyos. Este partido actualmente cuenta con 15 representantes de los 37 con los que llegaron. Nuevamente un partido en el cual la mayoría de sus representantes se han desvinculado para buscar alianzas que mejoren su propio futuro político. Probablemente esa falta de cohesión partidista e intereses personales le faciliten formar coaliciones que le permitan gobernar a la nueva presidenta.
Del otro lado se encuentra el Fujimorismo como la principal fuerza opositora con 24 legisladores, un grupo cohesionado y con compromiso con la gobernanza democrática, pero que ha sufrido una clara abatida política de la izquierda contra sus liderazgos políticos, incluyendo las medidas humanitarias en contra del expresidente Fujimori y los procesos jurídicos en contra de su hija Keiko. Este contexto probablemente dificulte la negociación.
Comienzan las conversaciones
El grupo mayoritario lo compone el resto de los legisladores, en una amalgama que va desde 37 de partidos vinculados con la ultraderecha hasta los 14 legisladores de partidos tradicionales de centro derecha como Acción Popular. La presidenta Boluarte ya ha comenzado el diálogo y la construcción de consensos en un Congreso fragmentado y muy polarizado con posturas en los extremos, una tarea que se antoja casi imposible política e ideológicamente, pero donde nuevamente el pragmatismo y la supervivencia personal de los legisladores los lleven a acuerdos que permitan la anhelada estabilidad política.
Sorprendentemente, seis años de inestabilidad política parecen no haber afectado el crecimiento económico del Perú, que este año alcanzará más de un 3 % de crecimiento, uno de los mas altos de América Latina. Ningún otro país de la región habría sorteado tanta inestabilidad política sin causar un terremoto político y económico. La respuesta está en un consolidado sistema democrático de dos siglos, sólidas instituciones que permiten la gobernanza en momentos de crisis y el compromiso de sus políticos y funcionarios por la democracia y la gobernabilidad.
Sin embargo, no podemos ignorar cómo la supervivencia política ha sido un factor decisivo en el origen y la solución a las recurrentes crisis políticas en Perú.
Armando Jiménez San Vicente, Profesor Análisis Económico del Derecho, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset
