¿Hay una crisis institucional en Perú?
Armando Jiménez San Vicente, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset
La crisis institucional ya lleva tiempo rondando al presidente de Perú, Pedro Castillo. En menos de un año de mandato (llegó al cargo el 28 de julio de 2021), el Congreso peruano ha debatido ya en dos ocasiones su destitución (vacancia) alegando incapacidad moral permanente. La última, este 28 de marzo, el mandatario obtuvo un apoyo mayor del esperado: 55 votos a favor de la destitución, 54 en contra y 19 abstenciones. Se necesitaban 87 votos para que la moción prosperase. Esta vez Castillo ha superado la prueba pero la crisis sigue ahí.
A mediados de marzo, Castillo acudió al Pleno del Congreso para hacer un balance de su gestión y abogar por el diálogo y el consenso entre Gobierno y oposición. En su discurso habló de una crisis institucional “sin precedentes” y llamó a los congresistas a una profunda reforma institucional y legislativa “frente al desafío de ingobernabilidad que enfrenta el país”.
Las razones de la crisis
Para Castillo, la crisis de gobernabilidad que vive el país es el resultado de dos factores:
- El “sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad (…) y obstruir las labores del Ejecutivo”.
- La grave crisis institucional, resultado de la falta de acuerdos políticos y la corrupción.
Estos mismos factores han llevado al propio presidente a enfrentar dos procesos de destitución de los que ha salido airoso. También han provocado la remoción de su Gabinete en cuatro ocasiones a solo 8 meses de haber asumido el cargo. Esto ha generado un clima de inestabilidad política e incertidumbre, que se traduce en amenazas a la gobernabilidad democrática del Perú.
El jefe del Ejecutivo critica la facilidad con que se intenta destituir a un presidente en funciones a través del proceso de vacancia. Las acusaciones en su contra incluyen incapacidad moral, traición y corrupción.
Ante los señalamientos de corrupción en su contra, Castillo señala: “Reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción. Menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares”.
Sin embargo, el hecho de que un presidente en funciones sea investigado habla de la independencia política de las instituciones que luchan contra la corrupción. Una condición única en la región. En la mayoría de los casos, en Iberoamérica se tiende a investigar solo a los adversarios políticos de administraciones pasadas.
La crisis de la justicia
El presidente acusa al sistema de justicia y de lucha contra la corrupción de estar politizado y corrompido. Señala que las principales instituciones del Poder Judicial sufren de falta de legitimidad en sus funciones. Ya sea por ineficiencia o porque funcionan con mandatos vencidos o por no contar con el quórum legal para operar.
Sobre el Tribunal Constitucional, dijo que el máximo órgano judicial no cuenta con los mandatos necesarios para dar legalidad a su función. De los siete miembros que lo conforman solo opera con seis. De estos, cinco tienen el mandato vencido y el del sexto vencerá pronto. Por lo que todas sus resoluciones, en estricto derecho, carecen de validez, advirtió.
Además, señaló su preocupación porque los nuevos integrantes del Supremo no fuesen “independientes y probos” y, como muestra de la crisis del alto tribunal, puso el ejemplo de su reciente decisión de liberar al expresidente Fujimori por razones humanitarias.
Otra institución señalada por Castillo fue el Ministerio Público, un organismo autónomo que defiende los derechos de los peruanos y que, según el presidente peruano, no puede cumplir con su labor porque de los cinco integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, solo dos son titulares.
En el mismo sentido, indicó que la Defensoría del Pueblo está trabajando con el mandato vencido. A los procuradores los calificó de intocables y los acusó de utilizar su rol fiscalizador para “deslegitimar al Gobierno del pueblo”, sugiriendo así que se han dedicado a promover la vacancia del Ejecutivo más que a cumplir con sus funciones.
La lucha contra la corrupción
Castillo también ha sido muy crítico con el sistema peruano de lucha contra la corrupción. En su mensaje al Congreso cuestionó la lentitud y los escasos resultados de las investigaciones del caso Odebrecht, en el que se han visto involucrados políticos peruanos de todo nivel (entre ellos 4 expresidentes de la República) y exhortó al Ministerio Público a investigar el caso “con celeridad, objetividad, e imparcialidad, conforme a la ley”, como si no lo hubiera hecho.
Lo cierto es que esta institución investigó a cuatro expresidentes: Toledo, García, Humala (cuyo juicio empezó el pasado febrero) y Kuczynski. Aunque este caso tuvo ramificaciones en toda América Latina, no en todos los países se lograron resultados similares.
La receta, ¿cambiar las leyes?
Pedro Castillo hace un llamamiento ahora para hacer reformas “profundas e integrales al sistema de gobierno”. Sin embargo, al comienzo de su Administración esto no era prioritario: el sistema de derecho y la impartición de justicia no destacan en los ejes de la Política General del Gobierno 2021-2026.
Para destrabar la crisis institucional que vive el Perú su presidente sugiere cambiar la legislación. El diagnóstico es correcto pero probablemente la solución no sea la mejor. Particularmente para un país sobrerregulado y asfixiado por un exceso de leyes.
Esa maraña ha provocado que, según el Contralor General, haya 2 369 obras públicas paralizadas por irregularidades y que la crisis política haya desincentivado la inversión privada.
Richard Posner, juez, profesor universitario y especialista en Análisis Económico del Derecho estadounidense, podría orientar los deseos de reforma del presidente Castillo. Posner señala que solo existen dos vías para conseguir la eficiencia del sistema legal. Por un lado, el sencillo y poco costoso modelo de cambiar las leyes. Por el otro, el complejo y costoso proceso de hacer eficientes las instituciones.
Pedro Castillo tiene razón al decir que Perú está inmerso en una crisis institucional. Que se está sumergiendo peligrosamente en una ingobernabilidad que genera incertidumbre en los ciudadanos y los inversionistas. Y que esta es una tendencia que puede tener consecuencias devastadoras para el país.
Sin embargo, las crisis no se arreglan nada más cambiando las leyes. Es necesario que los actores políticos trabajen juntos con visión de Estado y que, más allá de sus diferencias ideológicas, fortalezcan las instituciones que permiten la gobernabilidad del país.
Armando Jiménez San Vicente, Profesor Análisis Económico del Derecho, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset
