La economía sumergida aumenta con la crisis

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Iván González Sarro, Universidad de Alcalá

No cabe duda de que la economía sumergida y el sector informal pueden suponer, y de hecho suponen, un lastre excesivamente gravoso para cualquier país. La evasión fiscal conduce de manera inexorable a un menor volumen de recaudación tributaria, con los impactos negativos que ello supone para los presupuestos nacionales.

La economía sumergida, también llamada economía irregular u oculta, engloba, de acuerdo con la definición de la OCDE, todas aquellas actividades que son legales y productivas pero que se ocultan deliberadamente a las administraciones públicas.

Este ocultamiento tiene por finalidad evitar cumplir con pagos (impuestos y seguridad social), procedimientos administrativos y/o requisitos mínimos legales (salarios mínimos, estándares de seguridad, etcétera).

Obviamente, quedan al margen de esta definición las actividades económicas ilegales (tráfico de drogas, tráfico de personas y blanqueo de capitales, principalmente).

Entender la economía sumergida

Según la OIT, el sector informal estaría constituido por empresas no registradas y con muy pocos trabajadores, que producen bienes o servicios para la venta o el trueque.

En esta definición, el término empresa se utiliza en un sentido muy amplio. Engloba tanto a unidades que contratan a trabajadores como a unidades administradas por particulares que trabajan por cuenta propia y a trabajadores independientes (unitarios o que trabajan con la ayuda no remunerada de sus familiares).

Además, incluye a los trabajadores en cualquier situación laboral: se considera como empresas a los vendedores ambulantes, los taxistas y los trabajadores a domicilio independientes.

En el plano práctico, y desde la perspectiva de las obligaciones fiscales, la economía sumergida suele consistir en la no declaración de actividades que deberían dar lugar al pago de un impuesto, provocando evasión, ocultación o defraudación de forma más o menos duradera.

En el mercado de trabajo, las formas de economía sumergida son:

  • El empleo de trabajadores no declarados.
  • La declaración de los trabajadores con un salario menor o una categoría inferior a la que efectivamente tienen.
  • El empleo de inmigrantes sin papeles o en situación irregular.
  • Todas aquellas situaciones laborales que no se corresponden con la situación real (empleados por cuenta ajena que figuran como autónomos/autónomos que trabajan efectivamente por cuenta ajena, etcétera).

Otro gran bloque de situaciones laborales irregulares se relaciona con el incumplimiento de regulaciones y normas. Por ejemplo, las referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, a las condiciones de producción, la localización de las actividades productivas… A menudo, estas actividades se combinan con la opacidad a efectos fiscales y laborales, aunque no se incluyan siempre en la economía sumergida.

Las causas

La economía sumergida surge de la interacción de diversos factores. Entre ellos:

  • El grado de desarrollo económico y social.
  • Las tasas de paro.
  • La rigidez del mercado laboral.
  • La calidad de las instituciones.
  • Las condiciones económicas (inflación, presión fiscal, etcétera).
  • El mal diseño de las normativas legales.
  • La tolerancia social hacia comportamientos económicos informales.
  • El grado de eficacia de los controles administrativos.
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La mayor parte de los investigadores y analistas coinciden en afirmar que la economía sumergida aumenta en los momentos de crisis del ciclo económico.

Según Dell’Anno, Gómez-Antonio y Pardo, en los países más ricos las personas tienen menos incentivos para implicarse en las actividades fraudulentas de la economía sumergida. Asimismo, una tasa de paro muy alta es una de las causas más importantes de economía sumergida.

Delimitados, acotados y matizados los conceptos, vamos a analizar las causas y efectos de este fenómeno, cuantificar su relevancia económica y valorar sus desafíos para la política económica española.

España y la economía sumergida

En España, la economía sumergida se ha convertido en un problema recurrente en las últimas décadas. Como telón de fondo de la economía sumergida en España encontramos, entre otros:

  • Un mercado de trabajo ineficiente e injusto, con unas tasas de desempleo muy elevadas (incluso cuando la economía española ha crecido a elevadas tasas).
  • Un elevado desempleo juvenil.
  • Un mercado dual, con unos contratos muy flexibles y otros muy rígidos.
  • Altos impuestos sobre el trabajo (cotizaciones sociales e impuesto sobre la renta).
  • Enormes dificultades para conseguir el primer empleo.

Ante todas estos obstáculos, no es de extrañar que la economía sumergida se presente como una alternativa atractiva y relativamente eficiente. Así, en ocasiones puede actuar como moderadora de tensiones sociales, contrarrestando las deficiencias de las instituciones.

En todo caso, queda claro que la existencia de la economía sumergida y los mercados informales está ligada al beneficio esperado por las empresas. Cuanto más elevados sean los impuestos por la fiscalidad o las regulaciones, mayor motivo para pasarse a la economía sumergida. Por otra parte, son la intensidad de las sanciones y la percepción sobre la probabilidad de ser descubierto las que actúan como freno para los posibles infractores.

Estas circunstancias cambian según los sectores productivos y los lugares. También influyen factores éticos y culturales: el riesgo para la reputación empresarial o personal puede modular el comportamiento respecto a la economía sumergida.

También hay factores coyunturales que pueden ser causa del aumento de la economía sumergida. Tal es el caso de la llegada masiva de mujeres inmigrantes que se han dedicado, sobre todo, al servicio doméstico o al cuidado de personas mayores.

Estas mujeres han sido percibidas como una fuerza de trabajo idónea para realizar estas actividades rechazadas por las mujeres autóctonas y susceptibles de ser realizadas desde la economía informal o sumergida.

Algunos datos

No existen estadísticas oficiales sobre la economía sumergida en España. Sin duda, resulta difícil medir o estimar lo que deliberadamente se oculta. Amparándose en esta dificultad, ningún gobierno español ha querido realizar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida existente en España.

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No obstante, sí se conocen informes y estudios con datos que ponen en evidencia la magnitud del problema. Según el profesor austríaco Friedrich G. Schneider, uno de los mayores expertos en la materia, en 2016, el tamaño medio de la economía sumergida en España sería del 17,9% de su PIB (unos 200 000 millones de euros).

Con los datos macroeconómicos de España de 2016, esta cifra supondría casi la mitad del gasto público anual (472 248 millones de euros), tres veces el gasto en sanidad (68 476 millones de euros) y más de cuatro veces el gasto público en educación (44 958 millones de euros).

Según las estimaciones de Schneider, tras 15 años de descenso en las cifras de la economía sumergida, países como Irlanda, Reino Unido o España habrían registrado un aumento coincidiendo con la crisis de 2008. Otros países, como Bélgica, Austria o Alemania han logrado mantener porcentajes bajos de economía sumergida.

España: crisis y economía sumergida

Entre los años 1994 y 1995 el aumento de la economía informal fue de alrededor de un 22% de su PIB. Esta cifra se correspondió con el incremento de la tasa de paro y una desaceleración del crecimiento.

A partir de 1997, el porcentaje de la economía sumergida sobre el PIB comenzó una tendencia a la baja, coincidiendo con un periodo de boom económico en el que disminuyó significativamente la tasa de paro y la subida del PIB se mantuvo en tasas cercanas al 4%. La crisis de 2008 volvió a poner de manifiesto la relación entre la economía sumergida, la tasa de paro y el crecimiento del PIB.

Pese a las limitaciones del cálculo de la economía sumergida, que permiten más una aproximación que una medida exacta, resultan incuestionables los costes y los efectos que genera la economía sumergida a la sociedad a través del fraude fiscal asociado.

Los efectos en la economía nacional

El efecto más inmediato de la economía sumergida es una reducción de los ingresos públicos, que suele llevar aparejado un efecto dominó: la menor recaudación de impuestos y cotizaciones sociales provocará un mayor déficit fiscal.

A su vez, esto puede traducirse en un posterior aumento de la presión fiscal mediante un incremento de los impuestos directos e indirectos y las cotizaciones sociales para poder seguir manteniendo las prestaciones públicas.

Todo ello puede incentivar la práctica de la economía oculta por más agentes económicos que antes cumplían con la legalidad, pero que pueden verse cada vez más asfixiados ante este aumento de los impuestos y cotizaciones sociales, lo que, a su vez, sigue incrementando el déficit público y poniendo en peligro las prestaciones del estado de bienestar.

El Estado, como proveedor de servicios públicos y responsable del bienestar social, se verá con mayores dificultades para cumplir con estas funciones, pues la economía sumergida afecta directamente a las finanzas públicas al conllevar un menor volumen de recaudación.

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Hay otro efecto, también relevante: la economía sumergida puede provocar competencia desleal. Al no operar en igualdad de condiciones se puede provocar la pérdida de competitividad de aquellas empresas que cumplen con la legalidad y, por tanto, acarrean mayores costes.

Los efectos en las personas trabajadoras

Pero qué duda cabe de que los efectos más graves de la economía sumergida los sufren las personas que se puedan encontrar atrapadas en la misma. Moverse en la economía sumergida conlleva inseguridad y vulnerabilidad laboral, inestabilidad en el empleo, degradación de las condiciones de trabajo, inexistencia de derechos sociales.

Todo ello, unido a la disminución de los salarios frente a igual trabajo bajo condiciones de regulación del empleo, deriva en la débil inserción en el mercado de trabajo y una posición subordinada en la estructura ocupacional. En consecuencia, se produce la marginación social de las personas que trabajan en la economía sumergida.

Queda claro también que algunos grupos sociales padecen en mayor medida que otros los efectos negativos de la economía encubierta. Pensemos en los inmigrantes, particularmente las mujeres que trabajan en el servicio doméstico a las que antes nos hemos referido, un 32,5% de las cuales vive bajo el umbral de la pobreza en España, según datos de Oxfam Intermón.

Gobierno y sociedad frente a la economía sumergida

Ante este panorama, todos deberíamos reflexionar y tener muy en cuenta las ideas vertidas en este artículo, porque el fenómeno de la economía sumergida nos afecta a todos.

Creemos que ya solamente con que exista, independientemente de su magnitud, es un fracaso de los sistemas económico, político, social, ético y moral de un país.

Poner freno a la economía sumergida es una tarea que debe comprometer a toda la sociedad pero, sobre todo, a los gobiernos, que son los responsables de que las empresas no se sumerjan, y a las empresas, que son las que deben evitar sumergirse. Es una cuestión de diseño adecuado de las leyes y las instituciones, y de su cumplimiento por parte de la sociedad.