Protestas legítimas o vandalismo: ¿Qué ocurre en Colombia?
Andrei Gomez-Suarez, University of Bristol y Tobias Franz, SOAS, University of London
Hace casi un año, los colombianos tomaron las calles. El Paro Nacional movilizó a diversos sectores de la sociedad, quienes convergieron en las marchas más masivas y sostenidas en décadas recientes. En su momento, el comité organizador del paro planeó extender las movilizaciones a lo largo de 2020. Sin embargo, la cuarentena estricta impuesta por el gobierno del presidente Iván Duque debido a la pandemia de COVID-19 coincidió precisamente con la fecha que el comité había escogido para realizar una nueva jornada de paro nacional. De ahí en adelante los intentos de movilización quedaron postergados.
La cuarentena posterga la movilización, pero aumenta la violencia
Al inicio de la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó un alto el fuego global, para evitar que los conflictos armados activos impidieran enfocar todos los esfuerzos para enfrentar la crisis.
En Colombia, el único grupo que respondió a la solicitud fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual declaró un cese al fuego unilateral entre el 31 de marzo y el 30 de abril. Sin embargo, la negativa del gobierno de ofrecer un gesto recíproco y los intereses políticos de Donald Trump contribuyeron a que el cese al fuego llegara a su fin. Como resultado, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (INDEPAZ), los asesinatos de líderes sociales continuaron ocurriendo durante la cuarenta superando a 240 personas.
En agosto de 2020, el recrudecimiento de la violencia alcanzó nuevos niveles, lo cual elevó la indignación de la ciudadanía. Durante ese mes ocurrieron 11 masacres. En particular, las de Llano Verde, en Cali, y la de Samaniego, en Nariño, en las que murieron 12 jóvenes entre 15 y 25 años, despertaron la necesidad de hacer un llamado urgente para defender la vida y evitar la degradación de la violencia. Sin embargo, esto no ha logrado parar la barbarie. A la fecha INDEPAZ ha contabilizado 57 masacres en lo que va de 2020.
La respuesta del gobierno ante el incremento de la violencia fue desacertada. Por un lado, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, argumentó que la palabra masacre era un término periodístico que desdibujaba lo que estaba ocurriendo, según Trujillo, era mejor llamarlos “homicidios colectivos”.
Por otro lado, el presidente Duque empezó a mostrar en sus redes sociales estadísticas que comparaban el número de “homicidios colectivos” ocurridos durante sus dos años de gobierno (2018-2020) con el número de “homicidios colectivos” ocurridos durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Una comparación estadísticamente insostenible que, además, ocultaba que durante seis años del gobierno Santos había un conflicto armado activo con las FARC-EP. Esto aumentó la insatisfacción de las redes propaz ya que poner fin a este tipo de violencia era precisamente lo que buscaba el acuerdo de paz que Duque y su partido han intentado modificar desde que llegó al gobierno.
El caldo de cultivo para nuevas movilizaciones sociales
La indignación acumulada detonó el 9 de septiembre, precisamente el día de los Derechos Humanos en Colombia, el cual se enmarca desde hace 33 años en lo que se conoce como la “Semana por la Paz”. Para esa semana se habían planeado más de mil eventos a lo largo y ancho de Colombia invitando a la ciudadanía a reencontrarse con la paz.
Sin embargo, todo esto quedó opacado por la muerte del estudiante Javier Ordóñez en Bogotá, quien fue asesinado por policías en un Centro de Atención Inmediata (CAI) la noche del 8 de septiembre. El video que muestra la brutalidad policial durante el arresto antes de ser llevado al CAI circuló velozmente por las redes sociales motivando movilizaciones frente a varios CAIs de Bogotá y otras ciudades para protestar acciones ilegales y violentas de la policía.
La Policía Nacional se enfrentó a las protestas, y en la noche de 9 de septiembre mató a otras 10 personas mientras 400 personas quedaron heridas. Grabaciones de policías disparando indiscriminadamente en dirección de civiles y permitiendo que personas vestidas de civil dispararan contra los manifestantes echó mas leña al fuego. En las noches siguientes 39 CAIs fueron atacados, de los cuales 12 quedaron incinerados. La respuesta del gobierno Duque fue la militarización total de Bogotá. https://www.youtube.com/embed/3v-tXxBEMyU?wmode=transparent&start=0 Actuación policial / Revista Semana.
A pesar de que las grabaciones muestran evidencia de la violencia policial y miembros de la fuerza publica disparando a los manifestantes, el discurso del gobierno se concentró en denuncias infundadas de que las acciones del 9 de septiembre estaban infiltradas por el ELN y las disidencias de las FARC-EP.
La miopía del gobierno desconoce que las protestas contra la policía han reactivado las organizaciones que promovieron el paro nacional del año pasado y auguran un aumento de las tensiones sociales en Colombia ya que el comité nacional del paro ha convocado una nueva jornada para este 21 de septiembre.
La resistencia va más allá de la protesta en contra de la violencia policial
La actual protesta contra la violencia policial y el resurgimiento de la movilización social en Colombia también refleja a una indignación más profunda con las respuestas del gobierno de Duque a la pandemia de COVID-19. Después de inicialmente subestimar y minimizar los peligros del virus, el gobierno implementó draconianas medidas de encerramiento.
Y dado que Colombia tiene uno de los mercados laborales más flexibilizados del mundo, lo que facilita a las empresas el despido de sus trabajadores, estas medidas resultaron en un aumento masivo del desempleo. Con más del 20,2% de desempleo, Colombia es el país de la OCDE con la mayor caída en el empleo desde el comienzo de la pandemia.
Como resultado de cuatro décadas de políticas neoliberales que han debilitado el sistema social colombiano, los trabajadores informales y de bajos salarios no tenían acceso a apoyo estatal. Y en vez de mejorar el acceso a beneficios por desempleo y apoyar a los trabajadores informales más allá del pequeño pago de 160 000 pesos (US$45) y un reembolso del impuesto al valor agregado, las políticas económicas del gobierno frente a la pandemia se centraron en los rescates de las grandes empresas.
Siendo el primer país latinoamericano en implementar la controvertida política de Expansión Cuantitativa (EC) que no solo aumenta los riesgos de inflación, sino que a largo plazo puede exacerbar una situación peligrosa de deuda, las prioridades del gobierno en la pandemia se han alineado aun más con el capital financiero.
Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y las desastrosas respuestas de política pública pusieron de manifiesto las marcadas desigualdades sociales y económicas, que son endémicas en la sociedad colombiana. Por lo tanto, las protestas actuales también son parte de una resistencia más amplia contra un régimen de explotación racista y sexista que ha oprimido violentamente a los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los grupos indígenas y afrodescendientes durante siglos.
Al igual que en las protestas del año pasado, una amplia alianza de organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, sindicatos, movimientos de mujeres, grupos indígenas y colombianos de clase media está desafiando esta opresión violenta y militarizada. El derrocamiento de la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en Popayán es también un claro recordatorio de que la resistencia a la violencia estatal es una lucha por la descolonización y el reconocimiento de los derechos indígenas.
La mezcla perfecta para transformar la indignación en violencia?
Los colombianos están resistiendo una vez mas a políticas contradictorias que por un lado profundizan la austeridad social y económica para la gran mayoría de la ciudadanía, mientras que favorecen a los grandes grupos empresariales y al sector financiero. El aumento de la militarización del control social para implementar esas políticas públicas se está encontrando con una enorme frustración por parte de la población que ha decidido iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones.
La prueba de fuego para lo que puede pasar en los próximos dos años en clave de movilización popular vendrá este 21 de septiembre. Si el comité nacional del paro y los grupos sociales logran capturar la imaginación de los indignados colombianos es probable que el gobierno tenga que enfrentarse a una sociedad distinta dispuesta a cambiar el centro de gravedad del debate político.
En ese contexto la movilización social será cada vez más vibrante, el autoritarismo mas débil y la posibilidad de que la tensión social se torne violenta más lejana.
Amanecerá y veremos.
