Muerte de un dictador: el adiós impune de Alberto Fujimori
Agata Serranò, Universidad Autónoma de Madrid
El pasado 11 de septiembre falleció Alberto Fujimori, expresidente del Perú, a los 86 años. Su figura carismática y sus acciones, en su mayoría autoritarias, han dividido a Perú desde que irrumpió en la arena política peruana en las elecciones de 1990. Estaba apoyado por el nuevo movimiento Cambio-90, creado en las vísperas electorales ante una izquierda en crisis, el descrédito del gobernante Partido Aprista Peruano y las expectativas de triunfo de la derecha que apoyaba la candidatura del premio nobel Mario Vargas Llosa.
Alberto Fujimori, rector de la Universidad Agraria de Lima, reunía todas las características de un auténtico outsider de la política, es decir, un candidato que no tiene ni experiencia en la política ni en la Administración Pública y que, mediante la fundación de un nuevo partido, se convierte en una figura política importante fuera del sistema de partidos tradicionales.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de abril 1990, Fujimori logró situarse en segundo lugar detrás de Mario Vargas Llosa. En la segunda vuelta, el 10 de junio, ganó las elecciones y consiguió la presidencia de la República.
Por un lado, a fin de frenar la hiperinflación que estaba ahogando la economía del país, el Congreso confirió a Fujimori amplios poderes legislativos extraordinarios que le permitieron aprobar centenares de decretos de emergencia sobre temas económicos y de seguridad. Por otro, el acoso a las ciudades de Sendero Luminoso, el mayor grupo subversivo del conflicto armado interno que tuvo lugar en Perú desde 1980 a 2000, se iba intensificando por los constantes apagones, explosiones y atentados. A todo ello Alberto Fujimori respondió con la disolución del Congreso el 5 de abril de 1992, poniendo en marcha un autogolpe de Estado que lo mantendría en el poder hasta el 2000.
Asesinatos y masacres durante su presidencia
La comisión de violaciones de los derechos humanos, ejercidas ya durante la presidencia de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) también caracterizó la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000). Durante su mandato se cometieron asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Para cometer ese tipo de prácticas delictivas, Fujimori, con el apoyo de su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, creó diferentes grupos paramilitares en el seno de las fuerzas armadas y policiales. Uno de ellos fue el Grupo Colina, responsable, entre otras acciones, de las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta, por las cuales el expresidente fue condenado por la Corte Suprema a 25 años de pena privativa de libertad en 2009.
Sin embargo, Alberto Fujimori no llegó a cumplir ni siquiera la mitad de la condena. Fue liberado el 6 de diciembre de 2023 cuando el Tribunal Constitucional peruano, desacatando repetidos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incumpliendo sus obligaciones internacionales por haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, “revivió” el indulto por razones humanitarias.
La liberación del expresidente Alberto Fujimori reabrió una disputa entre la justicia y la impunidad en la que el Estado peruano y la Corte Internacional de Derechos Humanos se han visto enfrentados desde hace al menos dos décadas, época en la que el país acababa de salir de un conflicto armado interno (1980-2000) que dejó más de 70 000 víctimas y 20 000 desaparecidos.
Igualmente, la liberación de Alberto Fujimori reabrió miles de heridas. Las de numerosos peruanos, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, a los cuales por demasiadas décadas se les ha ocultado la verdad y se les ha obstaculizado en la búsqueda de justicia.
Una muerte que divide Perú
La figura de Alberto Fujimori y, ahora su muerte, sigue dividiendo a Perú. Por un lado, están sus seguidores, sus amigos, sus familiares que llorarán por su fallecimiento y rezarán para que descanse en paz. Por el otro, está una parte de la sociedad que lamenta su impunidad y la actividad descontrolada de sus redes clientelares y de corrupción, que siguen ejerciendo el poder en el país, favoreciendo sólo sus intereses particulares.
Una parte de la sociedad no ha podido llorar a sus muertos, ya que siguen desaparecidos, y no ha recibido reparación alguna porque Alberto Fujimori nunca reconoció haber cometido tales crímenes ni se arrepintió por ellos. Esa parte de la sociedad seguirá luchando para obtener la verdad y conseguir la justicia, seguirá creyendo en la democracia y tratará de que la impunidad no se imponga como modelo en un país que es ciego o no quiere ver su inmensa grandeza y el inconmensurable daño que los autoritarismos hasta ahora le han causado.
Agata Serranò, Investigadora Ramón y Cajal, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid
