¿Serán los combustibles fósiles los nuevos financiadores de las primas a las renovables?
Marta Villar Ezcurra, Universidad CEU San Pablo y Jorge Galán Sosa, Universidad CEU San Pablo
La combinación de la caída de la demanda eléctrica y del efecto depresor de las energías renovables sobre los precios del mercado eléctrico ha producido, como consecuencia de la crisis de la covid-19, una reducción de los ingresos del sistema eléctrico. Esta tendencia hace prever una situación de déficit, por el desajuste entre los ingresos y costes del sistema.
En respuesta a esta situación, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de Ley. Se prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), cuyo objetivo principal es establecer un nuevo sistema de reparto de los costes regulados destinados a la financiación de las primas a las instalaciones renovables puestas en marcha antes de 2012.
De acuerdo con el nuevo modelo, la contribución financiera a las primas de las energías renovables (dinero adicional que reciben por la venta de energía), cogeneración y residuos se repartirá entre los operadores de todos los sectores energéticos y no solo los eléctricos.
De este modo, los operadores de productos derivados de los combustibles fósiles (petroleras y gasistas) se convertirán en nuevos e importantes financiadores de esta retribución adicional a las instalaciones renovables y a la cogeneración.
El FNSSE se nutrirá también de la recaudación procedente de los tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de las subastas de CO₂.
Evitar incrementos de la factura eléctrica
El anteproyecto de Ley, que ya se ha hecho público, persigue el objetivo de evitar que la financiación de un coste regulado que ronda los 7 000 millones de euros anuales recaiga de forma exclusiva sobre los consumidores eléctricos. Esto conllevaría incrementos no deseables en los cargos de la factura eléctrica, con especial incidencia en consumidores domésticos. Para ellos, dicho coste supone –según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– alrededor del 16 % de la factura eléctrica.
No obstante, si se tienen en cuenta los tiempos de tramitación de la norma, alcanzar a corto plazo dicho objetivo resulta difícil.
Además, el anteproyecto prevé una implantación gradual del nuevo mecanismo de financiación en los 5 años posteriores a la entrada en vigor de la futura Ley. Hasta ese momento, la parte del régimen retributivo especial de las renovables y cogeneración no cubierta con las aportaciones del FNSSE se seguirá financiando con los cargos aplicados en la factura eléctrica.
Por lo tanto, el optimismo con respecto a la inmediata reducción de la factura eléctrica debe modularse con precaución.
Un cambio demandado desde hace años
En la exposición de motivos del anteproyecto, se recogen algunos de los estudios sectoriales. Desde hace años, se venía poniendo de relieve la necesidad de proceder a una reforma en profundidad de los peajes de acceso a la red.
En los documentos se destaca que la factura eléctrica en España resultaba artificialmente cara por decisiones de política energética ajenas al suministro actual (singularmente, por la retribución adicional de las renovables). Se reclamaban reformas en la configuración de los peajes y cargos eléctricos que permitiesen transmitir a los consumidores las señales de precios adecuadas por la utilización de los recursos que suministra el sistema eléctrico. La reforma que ahora se anuncia va en esta línea.
Perdedores y ganadores con la Ley
Algunos titulares de prensa han interpretado la propuesta normativa en términos de ganadores y perdedores, debido a que los operadores de productos petrolíferos permanecían hasta el momento ajenos a la financiación de un coste que recaía sobre los consumidores eléctricos.
Asimismo, los primeros cálculos de estos operadores apuntan a que algunas de las principales compañías de este sector acabarán siendo las grandes financiadoras del nuevo reparto en la contribución a este coste.
Sin embargo, a pesar del esquema de exenciones y bonificaciones contemplado, todo parece indicar que la redistribución acabará siendo asumida por los consumidores finales, concretamente por los que hagan uso del diésel, gasolina o gas natural. En consecuencia, la financiación de este coste del sistema eléctrico se extiende a otros consumidores energéticos que, en no pocas ocasiones, serán coincidentes.
Un primer (gran) paso en una necesaria reforma
El anteproyecto anunciado supone el punto de inicio de una necesaria reforma del diseño de los peajes de acceso y los costes del sistema eléctrico.
La transición energética en marcha exige reformas que encuentren continuidad en otros cambios de los componentes de la factura eléctrica. Esto permitirá afrontar desafíos como la digitalización de las redes eléctricas, la caída de los ingresos variables provocada por la generación distribuida y el autoconsumo, así como una plena alineación con la fiscalidad energética y medioambiental, cuya reforma incluye el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
La distribución de los gastos de la transición a una economía electrificada y sostenible
En estos temas es preciso formularse la pregunta de por qué deben costear la transición los consumidores de electricidad y no los de todos los productos energéticos que deben ser sustituidos por nuevas y no contaminantes fuentes de energía.
Asimismo, deben analizarse los costes trasladados a los consumidores de electricidad: los más importantes son los precios garantizados a los titulares de instalaciones fotovoltaicas, eólicas y otras, como consecuencia de esquemas de incentivos de defectuoso diseño que han resultado muy costosos.
Además, la compensación a los cogeneradores no tiene un fundamento medioambiental y hay ayudas a la industria encubiertas.
Esta realidad no justifica que los gastos hayan de pagarse por unos u otros consumidores. Al final, son costes de la transición a un modelo sostenible que deberían repartirse entre los consumidores de las energías que deben ser sustituidas por otras de fuentes sostenibles.
