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Estados Unidos: el aumento del techo de deuda implica recortes sociales y más gasto militar

William Potter / Shutterstock

Sergi Cutillas Marquez, Universitat de Barcelona

Las últimas semanas, la política estadounidense ha estado centrada en el choque entre Gobierno y Senado por la cuestión del techo de deuda. Cuando, en enero de 2023, se alcanzó el tope de 31,4 billones de dólares, la secretaria del Tesoro Janet Yellen anunció que, de no aumentar la capacidad de endeudamiento, el Gobierno no sería capaz de afrontar sus obligaciones y quebraría. Finalmente, el Senado votó a favor de levantar el techo de deuda después de que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo. ¿Cuán cerca estuvo EE. UU. de la quiebra?

¿Un debate real?

El debate alrededor del techo de deuda tiene mucho de artificial, al tratarse de un mecanismo político autoimpuesto, que nada tiene que ver con una restricción material inmediata ni con una necesidad técnica de la administración.

Este mecanismo legislativo casi único en el mundo (Dinamarca tiene un sistema regulatorio similar) se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando fue instaurado por el Congreso estadounidense para no tener que votar cada nueva emisión de bonos para financiar la guerra.

Desde su creación, el techo de deuda ha sido elevado 80 veces, aunque solo en los últimos años se ha convertido en un tema político de calado.

Hace años ya que gobernadores de la Reserva Federal (Fed) y secretarios del Tesoro de distinto color político han pedido su eliminación, pues solo ha servido como herramienta de chantaje (el Congreso ya vota la aprobación de los presupuestos del gobierno), no ha creado disciplina fiscal y hace daño a la economía al generar artificialmente la amenaza de una posible crisis financiera cada vez que se acerca este límite legal.

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Una cuestión constitucional

La realidad es que EE. UU. tiene un amplio margen fiscal y monetario, a diferencia de los países de la periferia global, cuya soberanía monetaria es limitada y cuya deuda está a menudo denominada en moneda extranjera, sobre todo en dólares estadounidenses.

Estados Unidos es todavía la nación más poderosa del planeta y ese dominio no hace creíble pensar que, si su gobierno emite más deuda, el dólar vaya a hundirse. Sin embargo, la norma limitadora de emisión de deuda existe, por lo que es necesario lidiar con esta restricción autoimpuesta.

Para afrontar la situación sin hacer recortes ni endeudarse más, la Fed podría financiar el déficit sacando la máquina de imprimir billetes para inyectar dinero en la economía. Así, al aumentar sus ingresos, el Gobierno federal no contravendría ninguna ley ni estaría violando el límite de endeudamiento.

No obstante, esta opción no se contempla por motivos políticos. Basándose en una ley de 1997, la secretaría del Tesoro podría también emitir monedas de cualquier valor. Muchas veces se ha hablado de la posibilidad de acuñar una moneda de platino de un billón de dólares para depositarla en su cuenta en la Fed. Sin embargo, esta opción es más bien un artificio publicitario.

Otros creen que el techo de deuda debería ser ignorado pues, según una interpretación de la 14º enmienda de la Constitución, el gobierno debe cumplir con las obligaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso por lo que el techo de deuda podría, incluso, ser inconstitucional.

Acuerdo y recortes

Finalmente, el presidente Joe Biden llegó a un acuerdo con el presidente del Senado, el republicano Kevin McCarthy, para suspender el techo de deuda hasta enero de 2025.

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Dicho acuerdo supone congelar el gasto no militar del gobierno en los años 2023, 2024 y 2025, lo que supone ya solo para 2024 un recorte de 106 000 millones de dólares respecto al presupuesto inicial de Biden. En cambio, el presupuesto militar, que en 2023 se sitúa en 800 000 millones, pasará a 886 000 en 2024 (un 10 % mayor).

El gasto no militar en 2023 es de 936 000 millones, aunque incluye los subsidios a los veteranos militares, la partida más grande del gasto no militar, con 131 000 millones de dólares. Si sumamos esta partida al gasto militar vemos que el 55 % del gasto público estadounidense está destinado a la industria militar.

Las cuentas militares

El gasto militar de EE. UU. supone el 39 % del gasto militar mundial, con China en segundo lugar, con 13 %, y Rusia en tercero, con un 3,9 %.

Solo en el último año Estados Unidos ha enviado 77 000 millones de dólares a Ucrania, principalmente en armamento y préstamos, para una guerra en la que ya habrían muerto más de 354 000 soldados de ambos bandos.

Recortes e impuestos

La otra cara del acuerdo son los recortes sociales que incluye. Los trabajadores de bajos ingresos que quieran optar a los programas de asistencia alimentaria deberán cumplir nuevos requisitos: tendrán que trabajar al menos 80 horas al mes para optar a estos subsidios.

Esto supone un ataque a los más vulnerables en un país en el que el 16 % de los hogares afirman no tener suficiente comida y el 13 % de la población recibe esta asistencia alimentaria.

El acuerdo también incluye la finalización del programa de 400 000 millones de dólares de alivio de deuda estudiantil. Unos 45 millones de personas volverán a pagar 393 dólares mensuales de media en cuotas, lo que supondrá un impacto negativo en la capacidad adquisitiva de los hogares y, por lo tanto, una bajada en el consumo.

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A la vez que se realizan estos recortes, que vienen repitiéndose en las últimas décadas, los impuestos a los más ricos siguen siendo muy bajos. Estos han pasado de un tipo efectivo del 56 % para la población más rica sesenta años atrás, al 23 % después de las rebajas fiscales de 1,5 billones de Donald Trump, lo que supone que los más ricos paguen menos que la mitad de la población con menos ingresos.

En definitiva, este nuevo pánico artificial ha servido para aumentar el presupuesto militar y recortar el gasto social. Mientras los dos partidos se presentan como vencedores del enésimo teatro político ajeno a la mayoría de la población, continúa la política fiscal bipartidista de guerra contra la gente, tanto en suelo propio como ajeno.

Sergi Cutillas Marquez, Profesor asociado del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona